El 23 de abril de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó las polémicas reformas conocidas como la “Ley Godoy”, permitiendo la reelección del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otros cargos relevantes. Esta decisión, liderada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, desestimó las objeciones presentadas por la minoría en el Congreso de la Ciudad de México, quienes cuestionaron el procedimiento legislativo y alegaron una violación de los procesos constitucionales.
La reforma fue aprobada a pesar de las protestas y la supuesta obstrucción al acceso del Congreso por parte de manifestantes y fuerzas de seguridad, situaciones que, según la SCJN, no pudieron ser demostradas fehacientemente como un impedimento real para los legisladores de la oposición. Este dictamen subraya la autonomía de la Ciudad de México para configurar sus propias instituciones de procuración de justicia, siempre respetando la autonomía, imparcialidad y los derechos humanos, conforme a los principios constitucionales.