Controversia en la Gestión de Claudia Sheinbaum: Conexiones y Contratos Millonarios en la Administración Pública

Durante el periodo en que Claudia Sheinbaum estuvo al frente de la administración de la Ciudad de México, Roberto Capuano Tripp, quien comenzó su trayectoria como director del Metrobús y posteriormente se desempeñó como asesor en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), se ha visto envuelto en una serie de decisiones administrativas que han favorecido económicamente a dos empresas específicas: Grupo Conyurba y Omival.

Según registros oficiales, estas empresas, que inicialmente se dedicaban a la pintura de muros, eventualmente escalaron a proyectos de mayor envergadura como la rehabilitación de pozos de agua, logrando acumular contratos que ascienden a más de 72 millones de pesos. Esta expansión de actividades y el montante económico involucrado han levantado sospechas sobre la ética y la transparencia de los procedimientos de contratación bajo la supervisión de Capuano.

El incremento en la magnitud de los contratos coincidió con la transición de Capuano al Sacmex, donde, curiosamente, se llevó consigo a dos directivos clave que previamente habían estado a cargo de aprobar los contratos para Grupo Conyurba y Omival durante su gestión en el Metrobús. Estos mismos directivos continuaron desempeñando un papel similar en Sacmex, perpetuando la relación contractual con dichas empresas.

Además, la situación personal de Capuano también ha generado controversia. Él declaró en 2020 la adquisición de un departamento valorado en más de 18 millones de pesos. Apenas un año después, se reportó una inversión adicional de 2.5 millones de pesos destinados a amueblar su residencia. Estos detalles patrimoniales han intensificado las dudas sobre las fuentes de sus ingresos y la integridad de sus operaciones dentro de las instituciones públicas que ha representado.

Este caso destapa no solo la trama de favorecimientos aparentemente arbitrarios y potencialmente ilícitos, sino también pone en tela de juicio la supervisión y los controles internos dentro de las entidades gubernamentales involucradas, sugiriendo una urgente necesidad de revisión y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.